La reciente declaración de tregua por parte de ETA, anunciada en el comunicado del 22 de marzo y en el que vienen a recogerse los postulados de la Propuesta de Anoeta, es, así lo deseamos la inmensa mayoría de la ciudadanía, la esperada apuesta de la organización terrorista, acorralada y con cada vez más mermadas perspectivas de triunfo, por un abandono definitivo de las armas . Resulta obvio que tal desenlace es producto de una larga y profunda reflexión en el seno del mundo abertzale, pero no por ello hay que olvidar que ante todo es fruto de la acción contundente y continuada del Estado de Derecho y de sus mecanismos; si la persecución de tales medios por parte del Estado tenía como objetivo declarado la aniquilación de ETA, la interiorización de ésta de la ineluctabilidad del triunfo de las fuerzas del estado en nada merma el éxito absoluto del orden democrático, simplemente, y siempre que la habilidad necesaria esté presente entre la clase política para gestionar un proceso de paz, lo acelerará.
Aceptado esto y teniendo presente la actual situación, no queda más que plantearse en qué medida puede chocar nuestro Estado de Derecho con el fino juego de la política. El estado de derecho no puede ceder sin más a la negociación política su protagonismo, por la simple razón de que éste no es un actor sino base y esencia de nuestro ordenamiento, sobre el que se sustentan todos y cada uno de los actores políticos; si así se procediese estaríamos entrando en profunda contradicción.
Sin embargo analizando la decisión del magistrado Grande-Marlaska de prohibir el proyectado acto de la ilegalizada Batasuna para el domingo 9 de abril, aunque esté en perfecta consonancia con la justicia, plantea dudas sobre su idoneidad en la medida de que muestra cómo el estado de derecho en su estricta aplicación podría entorpecer el feliz desenlace de un aún no-nato proceso de paz. ¿Qué hacer? es evidente que la decision ha de ser respetada. En cuanto a la clase política, que se debe de no interferir en el proceso de justicia, podría sin embargo utilizar mecanismos apropiados para, si no forzar, al menos influir en el estamento judicial para que adapte su actuación al nuevo marco creado (o al menos en gestación).
Es evidente que en nuestra democracia no opera la estricta separación de poderes, sino la colaboración de poderes, lo cual no significa la supervisión de un poder sobre el otro en cuanto a su actuación como tal, pero lo cual ciertamente garantiza vías de participación del poder político en el poder judicial; no me refiero a la política de nombramientos, sino al papel de la Fiscalía del Estado. Sugerir lo que sugirió el Fiscal del estado Conde-Pumpido hace unos días, llamando a los jueces a que considerasen el nuevo escenario, es impropio, no quizá por el mensaje en sí, sino por la forma en que se realiza; como estado liberal, el estado español ha de evitar injerencias de este tipo, si es el gobierno el que habla en boca de la Fiscalía, pero si sus palabras fuesen conclusión de un debate consensuado, la autoridad de tal admonición sería de categoria suficiente como para poder pedir contención al poder judicial.
Concretando lo que pretendo decir, se trata en este caso de algo que debe ser debatido como mínimo por el partido de gobierno y por el partido líder de la oposición, que con el "Pacto Antiterrorista" gozan de un marco informal pero adecuado a mi juicio para discutir al respecto. Si hay acuerdo, la Fiscalía podría actuar en el sentido en que ya (con torpeza, por desgracia) actuó. Tras ello la Audiencia Nacional debería tomar sus propias conclusiones (que podrían o no estar en consonancia con la acordado en la arena política) ¿Y si no hay acuerdo? Nada podría hacerse mas que dejar a la justicia seguir su curso.
La última cuestión es la de saber cuál sería la actitud de Batasuna si una concertación fallida entre Gobierno y oposición acabase dejando las cosas tal y como están (o si bien exitosa, no lograse cambios en la actuación de la Audencia Nacional), pues por desgracia para el maximalismo y dogmatismo de ésta, es inconcebible que el Gobierno no esté realmente controlando la justicia. Batasuna no comparte la creencia en un orden liberal, ni entendería que la clase política sólo se comprometiese a pedir del Poder Judicial cambios en su conducta en el marco de un acuerdo consensuado, tal y como sería la regla en todo orden liberal (¿no es acaso la Constitución muestra de ello, una obra de consenso?). Existiría el peligro incluso de que el hecho mismo de que públicamente la clase política se plantease siquiera el influir en la Audencia Nacional diese pábulo a la interpretación de Batasuna de que en el fondo, tal y como manifiestan, se trata de un mero apéndice subordinado; un fracaso sería prueba de mala fe, no otra cosa. Por todo ello cierto es que se trata de un asunto muy delicado y que ha de ser tratado con la máxima prudencia.
Eric Pardo
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