¿Reforma Electoral?

Los negativos resultados electorales del Partido Popular en las elecciones autonómicas de los últimos años, y que se han concretado hasta el momento con la pérdida, primero de un feudo de primera categoría como es Galicia y ahora de Baleares con la composición del nuevo parlamento autonómico surgido de las elecciones del mes de mayo (casos ambos frustrantes por haberse quedado el partido conservador rozando la mayoría absoluta) motivan la nueva propuesta de Mariano Rajoy de un cambio en la ley electoral; el objetivo obviamente es que lo que aparece como una anomalía, es decir que el primer partido en resultados quede excluido del gobierno en favor de coaliciones de "perdedores", deje de suceder.

Pero vale preguntarse, ¿se trata realmente de una anomalía? La respuesta es categórica y no deja espacio alguno para la demagogia: No. La confusión, sea interesada o producto de la incomprensión de nuestro sistema electoral y de la lógica que en ella subyace, parte de la creencia de que es el pueblo quien dirime la contienda electoral de manera directa, cuando eso es falso, pues lo único que hace la ciudadanía es elegir representantes, los cuáles sí, en virtud de la soberanía de una mayoría que de ellos se pueda constituir, permiten la composición de un gobierno; esa mayoría será absoluta o simple si la abstención de un parte de los representantes así lo permite, pero en todo caso será el sustento que permita la gobernabilidad.

Como muchos podrán percatarse, el principio de nuestro sistema electoral, aunque ponderado a favor de las mayorías, es el de la representatividad; otros sistemas, ya sean el francés o el británico, se basan en el principio de la gobernabilidad, otorgando victorias aplastantes a las mayorías, sobredimensionadas para evitar el gran defecto que en ciertos contextos tienen los sistemas electorales representativos (buen ejemplo es el caso extremo de Israel), el secuestro de ciertas minorías de la operatividad del gobierno. Cada sistema tiene sus pros y sus contras, y según las circunstancias bien cabría optar por uno o por otro, sin que el dogmatismo de unos quisiera imponernos la moralidad de uno o de otro. Un sistema electoral representativo es legítimo en la medida de que tiende a permitir la constitución de asambleas que reflejan las divisiones y proporciones de fuerza de la sociedad, pero puede ser inoperante por el gran poder negociador (y chantajeador dirán otros) que otorga en ocasiones a determinadas mínorías; la solución que los sistemas mayoritarios aportan es la de dar el poder a las minorías más numerosas para así anular el capital político de otras minorías menos significativas numéricamente.

En el caso del reproche que el señor Rajoy dirige a nuestro sistema, me temo que no se ha planteado aún el dilema que motiva dudas acerca de las fórmulas electorales representativas, es decir, el potencial de ingobernabilidad que traen consigo en caso de fragmentación del arco político; lo que se plantea únicamente es que el Partido Popular, primera fuerza en dos comunidades autónomas, no ha podido gobernar porque frente a ella se han constituido frentes más representativos, ¿pero es que esa no es la lógica consecuencia de nuestro sistema electoral? efectivamente lo es, pero desde el Partido Popular se mezclan ciertos elementos: si la democracia representativa es el gobierno parcial e indirecto de la ciudadanía, ¿por qué asumir razonamientos que plantean la decisión directa? porque el problema es justamente ese, si la dirección del gobierno hubiese de recaer tan pronto se han pronunciado las urnas, vista la pluralidad de la sociedad, ¿en quien habría de recaer éste? lo más lógico sería, y para ello el sistema británico y americano de circunscripciones uninominales trae una solución clara, dar el poder a la minoría más representativa, no del cuerpo social, sino de sí misma en términos numéricos, un recurso pragmático, aconsejable cuando el cuerpo electoral esta atomizado y conduce a gobiernos débiles, pero no cuando no lo está, pues si no, lo único que se hace es facilitar el surgimiento de gobiernos menos representativos.

Si hay que establecer prioridades en mi opinión hay que optar por sistemas electorales representativos, por la legitimidad que confieren a las asambleas, y si las circunstancias lo aconsejan, optar por sistemas mayoritarios como mal menor en caso de ingobernabilidad o de abuso por parte de minorías exiguas; pero el argumento de que lo justo es que gobierne el primer partido que encabece los resultados por ser más plenamente representativo de la voluntad popular (un término que por cierto no habría que entender más que como mera convención o entelequia) es válido si logra la mayoría absoluta, pero por mucho que se insista, un partido que cope el 49 % de los escaños, es menos representativo de tal voluntad (que convencionalmente se ha fijado en el umbral del 51 %) que una alianza del resto de partidos por muchos que sean los partidos los que formen tal coalición representativa; si dicha coalición es inoperante por la dificultad de poner de acuerdo a sus miembros, ¿es que acaso no tienen la potestad los ciudadanos de castigar el experimento otorgando mayorías absolutas a las otras opciones alternativas?

Pensar de la manera en que razona el Partido Popular es someter unos principios generales que hasta el momento concitaban la práctica unanimidad, a intereses circunstanciales en función de los resultados de ciertas comunidades autónomas; de hecho, a nivel nacional, donde el Partido Popular no tiene demasiadas razones para imaginar que las alianzas del PSOE con partidos nacionalistas vayan a perpetuar a la izquierda en el poder, el señor Rajoy no tiene interés en aplicar su reforma electoral, justamente donde sí que quizá sería razonable plantear retoques mayoritarios que evitasen la excesiva presión de las formaciones nacionalistas. Por tanto queda manifiesta no sólo la incoherencia, sino también el espúreo interés partidista de la reforma que propone el Partido Popular.

Eric Pardo