La política antiterrorista del gobierno

Tras la mortífera deflagración del 30 de diciembre en Barajas, después por tanto de que el diálogo se haya venido irremediablemente abajo y sin que haya serias perspectivas de que ETA reconduzca sus posturas aceptando someterse al estado de derecho, ¿en qué situación queda el gobierno?

A la luz de la postura del presidente y a la luz igualmente de las medidas que van perfilándose en la nueva era en la lucha antiterrorista, queda concluir que Rodríguez Zapatero carece de una estrategia pensada para afrontar el escenario a que le ha forzado el reinicio de la violencia terrorista; hay sobradas razones para suponer que el gobierno realmente no contemplaba tal desenlace a raíz de la profunda crisis y de los repetidos actos desestabilizadores abertzales a partir de agosto pasado. Huelga por tanto decir que el frente democrático, o lo que de él quede tras el brutal debate del día 15, no presenta una faz muy saludable para afrontar a ETA; sin embargo no hay razones para pensar que el frente policial, el único que ha de tratar directamente a ETA en el contexto actual, vaya a verse afectado por la turbia situación política alrededor, a no ser que tengamos el convencimiento del PP de que Zapatero está dispuesto a realizar concesiones incluso en este contexto.

El caso es que Zapatero ha empezado cometiendo un error que si bien no ha de afectar en modo alguno la efectividad de la acción de las fuerzas del estado, poco hace para recomponer la unidad democrática contra el terrorismo, ya de por sí poco probable visto el grado de radicalización de la oposición del PP, pero cuya responsabilidad es mayor por su calidad de jefe de gobierno. Con tal error me refiero al intento de recomponer el Pacto Antiterrorista en base al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo del 2000 firmado entre PP y PSOE para permitir su encaje a otras formaciones del arco parlamentario; tal intención es loable y no es en sí meritoria de reprobación alguna, sin embargo no es procedente que se convoque a las fuerzas políticas para su renovación puesto que los contenidos que éste contiene son el mínimo alrededor del cual han de girar los partidos, de manera que lo lógico sería más bien que el presidente renovase una invitación a los demás partidos democráticos a sumarse al pacto ya existente, independientemente de que uno de los firmantes se niegue a secundarlo con el argumento de que ha sido el gobierno quien lo ha roto primero. Podemos estar perfectamente de acuerdo sobre el hecho de que las menciones explícitas al PNV y EA podrían ser eliminadas como medida de conciliación y dado que el Pacto de Lizarra es cosa del pasado, pero igualmente innegable es que no se podría ir más allá, pues el espíritu que reside en sus diez artículos no ha de ser mínimamente modificado. Por tanto un nuevo Pacto no parece estar a la hora del día, sólo la adhesión del resto de partidos si así lo deseasen.

Por lo pronto, las reacciones tanto del PNV como del PP dejan poco espacio para el entendimiento en este aspecto; el uno pretende la derogación de la Reforma de la Ley de Partidos del 2002 así como el acercamiento de presos mientras que el otro persiste en la ilegalización de EHAK. Las exigencias del PNV son simplemente inacceptables y no tienen su lugar en el Pacto Antiterrorista, pues no aportan nada a la lucha antiterrorista y pretenden cercenar el consenso de la mayoría de los diputados entorno a la ilegalización de las formaciones que apoyan al terrorismo; el PSOE parece cogido entre dos fuegos entre intransigentes de diferente cuño, sin embargo en cuanto a la petición del PP de ilegalizar el partido abertzale EHAK caben ciertas puntualizaciones: en primer lugar ha de quedar claro que las razones que aduce el PP para proceder a su ilegalización son demagógicas y carecen de fundamento, pues no vale la simplista formulación de que EHAK es ETA, ya que no hay relación orgánica probada entre ambas y el perfil profundamente bajo adoptado por la formación no responde a una estrategia concertada con la banda terrorista. Pero por otro lado hay que destacar que EHAK no ha condenado (al menos en la medida de lo que he podido saber) el brutal atentado de Barajas, y en este caso ha habido dos víctimas mortales; cierto es que ya hubo antes atentados que no fueron condenados por esta formación, pero sinceramente no creo que sea equiparable a este atentado por sus trágicos efectos humanos, no condenar claramente a una organización política que acaba de perpetrar un atentado mortal es simplemente inaceptable, especialmente tratándose no ya de un partido desconocido y alejado de la opinión pública, sino un partido que cuenta con ocho diputados en el parlamento autónomo vasco; la reforma de la ley de partidos fue realizada sobretodo para permitir la ilegalización de HB, su artículo 9 punto3 a) parece hecho a medida para esta formación y ciertamente por su formulación, que contempla la repetición y acumulación de apoyos tácitos al terrorismo deja espacio para la interpretación de la fiscalía sobre el umbral a determinar, por tanto ¿qué hacer?

Mi postura es la siguiente: pedir a la fiscalía que empiece a considerar públicamente la ilegalización de este partido y a exigir a sus diputados que se atengan a lo estipulado por la ley. Si no se atienen a ella, habrán de ser castigados. El problema que se plantea es si el PSOE se atreverá a romper su luna de miel con el PNV en estos momentos en los que sólo cuenta con el apoyo de los partidos minoritarios; la frontal oposición del PP en nada ayuda al PSOE si realmente tuviese que alienarse al PNV, pero no deja de ser cierto que ello no le resta responsabilidad en la materia; si se diese este paso en base a argumentos solventes y no los cerdaderamente antidemocráticos que aduce el PP (una ilegalización a fin de cuentas sólo por el ideario) quizá se diese un paso para recomponer la unidad y para acosar moralmente al mundo abertzale que percibiría que no sólo no hay debilidad por parte del gobierno sino recrudecimiento de su voluntad anti-terrorista.