Golpe de Estado Televisivo

Nota Bene: Escrito antes de las últimas decisiones tomadas, prefiero dejarlo tal y como estaba escrito.

Se oían diversos rumores en tal dirección, y no pocos fueron los sustos que ya antes de las elecciones parecerían confirmar aquello que se “estaba fraguando…” Quienes no querían dar crédito a ello, lo achacaban a mera retórica electoralistas, y la intuida furia de aquellos de cuyas intenciones tanto se temía, querían aquellos imaginar aplacada una vez ganadas las elecciones. Además, pronto recabaron nuestra atención asuntos de mayor gravedad, de índole económica casi todos ellos, y que al descontento hacia el gobierno, un flanco ofrecían bien alejado de aquello que hoy nos ocupa. Sin embargo, vista estos últimos días… ¿podemos en efecto pensar que era mero humo electoral, materia de orden secundario, o, si aún queremos aferrarnos a la esperanza, simple malentendido, o por lo menos, en descargo de quien aún sus intenciones no ha desvelado plenamente, nada de tal gravedad? Ya sabrán los lectores, por el título, a qué me refiero: me refiero, a lo que se perfila como un auténtico golpe de estado…por lo menos a lo que nuestra televisión pública se refiere.

Muchos recordaremos las reacciones de la Secretaria General del Partido Popular, Dña. Dolores de Cospedal, aireando sus quejas sobre la presunta imparcialidad de la Televisión pública española. Muchos recordaremos también, cómo la defensa de su profesionalidad por parte de la bien valorada periodista Ana Pastor ante la misma personalidad política, motivó alguna “inocente” insidia vía Twitter y muchos igualmente recordarán, cómo la elección de un nuevo Presidente para RTVE, se demoraba, como tantos cargos antes, por desacuerdos entre gobierno y oposición. Y es que tras la reforma del Ente en el 2006, se oficializó la elección de éste por mayoría de tres quintos, lo cual debía asegurar, y vistos los resultados, por lo menos según la percepción ciudadana a tenor de varias encuestas, plenamente aseguró, la imparcialidad de la cadena público, o al menos, un grado de imparcialidad nunca visto hasta el momento. El señor Alfredo Urdaci, Jefe de Redacción en tiempos del control autoritario de la cadena pública, hacía de Twitter nuevamente la correa de transmisión de un buen susto, que vista la última decisión del gobierno, no alcanzaba ni la calificación de broma de mal gusto. Y es que tal arrogancia de quien seguramente ostente el honor de haber llevado la instrumentalización de TVE a niveles inauditos en democracia, precisamente cuando el gobierno ha decidido romper la baraja a favor de lo que parece abrir la puerta a viejos esquemas, es aparte de insultante, bastante inquietante. ¿Y es que no hablábamos de golpe de estado?

Sí, lo hablábamos, y ello por la simple razón de que, ya sea por utilizar una provisión ya existente en la susodicha ley, o por cambios legislativos que se avecinen (confieso mi confusión hecha una somera revista de prensa donde se reflejan los ruidos de sable), lo que se prepara es la elección por mayoría simple, como en aquellos viejos (por desgracia no tanto) tiempos de desvergonzada manipulación informativa. Apisonada una de las garantías más sólidas, y que con justicia habría de figurar como un mérito de un gobierno que por lo demás no pasará a la historia por una puerta muy grande, el de Rodríguez Zapatero, razones hay para la inquietud. ¿Justificaciones para tal decisión? Bueno, los peores crímenes justificados están en caso de legítima defensa…la oposición habría bloqueado el nombramiento, habría hecho de algo materia de consenso, materia precisamente de confrontación, etc. Últimas noticias parecen desvelar que el gobierno, un nombre (solo uno), en lo que parecen formas de ultimátum, propuso para el puesto vacante, y que ante la negativa (tal y como intuimos a través de las brumas informativas), de la obstruccionista oposición, se habría visto “forzado” a tomar esta medida. 

Muchos ahora se preguntarán si está justificado el tremendismo de mi recurso a la definición de golpe de estado. Depende, depende de qué entendamos por golpe de estado, y depende sobre todo de hasta dónde queramos tener presente nuestra dignidad ciudadana.  Quien aquí escribe, en modo alguno cree que la dignidad haya de pararse allá donde quedaron aparcados nuestros más oscuros fantasmas: ¿sentimos el yugo de la falta de libertad? ¡Pues aferrémonos a la dignidad de tenerla! Todo lo que no suponga la entrada arma en mano en un parlamento, malo, puede que sea, pero no golpe de estado. Por esa regla de tres, la manipulación televisiva es solo un problema cuando en manos de una dictadura… ¿pero en manos de una democracia? Un mal seguramente menor… La cuestión es si realmente no tenemos como deber ciudadano la mejora de nuestro régimen político. Si alguien, como yo, responde que sí, entonces le propongo que siga la premisa: “nuestro deber no es conservar el legado de nuestros antecesores, sino la de mejorar el legado de los que nos sucederán”. Dicho esto, pregunto: ¿Alguien puede justificar la utilización política de los medios de comunicación públicos? Quien responda afirmativamente, poca satisfacción encontrará en este artículo, pero asumo que la mayoría de la ciudadanía opinará lo contrario, y opinará, al contrario que nuestro hipotético discrepante, que no son estos objeto de la ley de las mayorías, sino de una serie de leyes, mucho más básicas, y en las que se apoyan las reglas del juego de nuestro sistema político, que son fruto del consenso, o en su defecto, de mayorías cualificadas. La norma de los tres quintos, era coherente con ese principio, era coherente con los procedimientos de esas reglas del juego, y era por tanto un claro avance frete a lo que la ciudadanía había de sufrir hasta el momento. El retorno a un sistema de elección en manos de las mayorías circunstanciales, como lo sería la elección por mayoría absoluta no cualificada, o peor aún, simple, claramente no lo es, y es por tanto una clara agresión. No lo es contra la democracia, “per se”, pero sí es un golpe de estado democrático a las reglas del juego, lo que parece que se fragua.

Por último, permítanme que rescate por un momento a nuestro hipotético discrepante, le vistamos del derecho a la legítima defensa, le pongamos a hablar a favor del “mal menor”, es decir, el decreto para sortear el “bloqueo” de una irresponsable oposición,  y que además, para evitarle un excesivo esfuerzo intelectual, le demos la razón. ¿Nos quedamos sin argumentos? Pienso que no: ¿Es que acaso no hay por defecto otro legislador que el gobierno en esta situación? En mi opinión sí: los profesionales mismos de la RTVE. Me imagino que si hacemos subir al estrado a la ínclita Srª de Cospedal, discreparía, pues parecía que precisamente era la manipulación de los profesionales mismos, contra lo que se querría luchar, y que si hablásemos de autogobierno profesional, no sería la misma mi opinión en relación a la judicatura, pero guiado por mi propia percepción, y fiándome a la lo que la opinión de la ciudadanía parece haber expresado hasta el momento a través de encuestas, voy a discrepar  y voy a declararme a favor libertad de los profesionales de RTVE. Por tanto, ya que la oposición obstruye (recuerden que dábamos la razón a nuestro discrepante), por defecto, el gobierno no debería decretar, sino incluir provisiones para que faltando consenso, fuesen los profesionales los que “gobernasen”. ¿Se hará eso tal y como se intentó hacer antes del 2006, bajo el primer gobierno de Zapatero, cuando la dirección aún no había sido consensuada por los dos principales partidos? Sinceramente, visto el talante general de que hace gala el gobierno actual, pienso que no. Por eso, escribo este artículo, le doy este título, y proclamo necesario la preservación de nuestra dignidad como ciudadanos frente a los desmanes de un gobierno sin ataduras al mando de su mayoría absoluta. Si alguien piensa que es prematuro alzarse antes de encontrar hechos concretos, le responderé que bastante mal se ha hecho al cambiar la ley, como para que desee esperar a esos hechos concretos.

Eric Pardo